¿De nuevo el nacionalcatolicismo?
Es el colmo que la Iglesia pague a sus docentes con el dinero de todos y los pueda despedir por razones de moral cristiana. ¡Qué bochorno, respetada doña María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional! Así comienza Enric Sopena en su periódico digital elplural un artículo sobre la reciente sentencia sobre los profesores de religión en los centros de enseñanza públicos. Nunca lo hubiéramos creído. Pensábamos, acaso ingenuamente, que la Constitución consagraba en España un Estado aconfesional, ubicado en las antípodas ideológicas del nacionalcatolicismo que, durante la dictadura, tuvimos que soportar a la fuerza en este país. Presuponíamos que cualquier vestigio de teocracia sería rechazado por el Tribunal Constitucional como contrario al régimen democrático vigente.Se nos antojaba imposible que aflorara de nuevo, siquiera levemente, el principio segundo de la Ley de Principios del Movimiento Nacional (de 17 de enero de 1958), refrendado por la Ley Orgánica del Estado (de 10 de enero de 1967). Me refiero exactamente a este precepto: “La Nación Española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera, y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación”... (Continua en elplural).
Por otra parte, el magistrado Javier Pérez Royo tambien se manifiesta en desacuerdo con la sentencia, pero cree que el problema no es tanto del Tribunal Constitucional, como del Gobierno y del Parlamento, que deberían denunciar los Acuerdos que se firmaron con la Iglesia católica en 1979. Diversas organizaciones de profesores de Religión se han quejado de que se les trata como “ciudadanos de segunda”, sin los mismos derechos de los demás, pues se prima su conducta antes que sus conocimientos.
Al día de hoy, existen unos Acuerdos firmados en 1979, entre el Estado y la Iglesia católica y el problema es que se descarga la cuestión sobre el Tribunal Constitucional (TC), cuando la solución debería ser la de denunciar esos Acuerdos y substituirlos por unos que sean constitucionales.
(Continua en elplural)
Por otra parte, el magistrado Javier Pérez Royo tambien se manifiesta en desacuerdo con la sentencia, pero cree que el problema no es tanto del Tribunal Constitucional, como del Gobierno y del Parlamento, que deberían denunciar los Acuerdos que se firmaron con la Iglesia católica en 1979. Diversas organizaciones de profesores de Religión se han quejado de que se les trata como “ciudadanos de segunda”, sin los mismos derechos de los demás, pues se prima su conducta antes que sus conocimientos.
Al día de hoy, existen unos Acuerdos firmados en 1979, entre el Estado y la Iglesia católica y el problema es que se descarga la cuestión sobre el Tribunal Constitucional (TC), cuando la solución debería ser la de denunciar esos Acuerdos y substituirlos por unos que sean constitucionales.
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¿Como es posible que en los albores del siglo XXI se les niegue a maestros a tener una vida privada, la que sea,que para eso es privada, y se les castigue porque su vida "no se ciñe" a los dictados del nacional-catolicismo? ¿Como es posible que el tribunal supremo ampare estas actitudes inquisitoriales, siendo España supuestamente un pais laico, o es que la iglesia sigue teniendo el poder que no se le reconoce en la constitucion? ¿Acaso la Jerarquia catolica se rige por un doctrina muy particular que nada tiene que ver con el evangelio? Me da rabia comprobar como en muchos asuntos se va para atras en lugar de ir hacia adelante.